Extorsión y chantajeArmas, municiones, explosivos, comandos... La maquinaria criminal de ETA requiere importantes cantidades de dinero para costear el material necesario para sus actividades, mantener su infraestructura y apoyar tanto a los etarras liberados como a sus miembros deportados, refugiados o huidos. Para ello, necesita 15 millones diarios y más de 5.400 anuales, según un informe confidencial de la Ertzaintza conocido en 1996.
En sus inicios, la banda terrorista consiguió financiarse mediante atracos a entidades bancarias, técnica que fue abandonando progresivamente para centrarse en los secuestros y la extorsión a empresarios a través del cobro del «impuesto revolucionario», sus dos principales fuentes de financiación. Muchas actuaciones policiales han intentado desmantelar el entramado financiero que utiliza la banda para blanquear el dinero recaudado mediante prácticas mafiosas e ilegales.
Los secuestros
01.07.1997. La liberación de Ortega Lara. (Ant. 3)
A lo largo de su historia, ETA ha secuestrado a 77 personas, método utilizado como vía de financiación y medida de presión y chantaje frente al Gobierno. Algunas fueron liberadas tras el pago de los rescates exigidos o gracias a la intervención de la Fuerzas de Seguridad. Otras corrieron peor suerte y fueron asesinadas por los terroristas. La banda inauguró la técnica el 1 de diciembre de 1970, con el secuestro del cónsul alemán Eugenio Behil, que duró 25 días.El secuestro más largo en la historia de ETA ha sido el del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, liberado el 1 de julio de 1997 por la Guardia Civil tras 532 días de cautiverio. Ese mismo día, la banda terrorista había puesto en libertad a Cosme Delclaux.
Pocos días después, ETA recurría una vez más al secuestro para demostrar su fuerza e intentar chantajear al Gobierno. El 12 de julio, Miguel Ángel Blanco, diputado del PP en la localidad vizcaína de Ermua, apareció maniatado y gravemente herido en una zona rural de Lasarte, una vez cumplido el ultimátum de 48 horas dado por la banda terrorista al Gobierno para que cediera en su política de dispersión de presos y trasladara al País Vasco a los etarras repartidos en prisiones de todo el país. Blanco murió en el hospital, pocas horas después de ingresar en estado de muerte cerebral tras recibir dos disparos en la nuca.
En la actualidad, los responsables de la lucha antiterrorista consideran que ETA no secuestra porque tiene sus necesidades financieras cubiertas con el cobro del «impuesto revolucionario».
LOS SECUESTROS MÁS LARGOS
JOSÉ ANTONIO ORTEGA LARA. 532 DÍAS. Funcionario de prisiones.
Secuestrado el 17.01.1996. [ + ]
JOSÉ MARÍA ALDAYA. 342 DÍAS. Empresario. Secuestrado el 08.05.1995
EMILIANO REVILLA. 249 DÍAS. Empresario. Secuestrado el 24.02.1988.
COSME DELCLAUX. 233 DÍAS. Empresario. Secuestrado el 11.11.1996. [ + ]
JULIO IGLESIAS ZAMORA. 116 DÍAS.Ingeniero. Secuestrado el 05.07.1993.
LUIS SÚÑER. 91 DÍAS. Empresario. Secuestrado el 13.01.1981.
ADOLFO VILLOSLADA. 85 DÍAS. Ingeniero. Secuestrado el 24.11.1989.
DIEGO PRADO Y COLÓN DE CARVAJAL. 73 DÍAS. Ingeniero. Secuestrado el 24.11.1989.
El «impuesto revolucionario»
Carta enviada a empresarios vascos durante
la tregua de 1998, exigiendo el pago del impuesto.
Los métodos de extorsión de ETA incluyen el envío de cartas amenazantes a empresarios vascos, en las que se exige el pago de una determinada cantidad de dinero a cambio de que su patrimonio e incluso su integridad física no corran peligro. Aunque muchos amenazados han denunciado estas prácticas mafiosas, es difícil determinar cuántos llevan el 'aviso' en silencio sobre sus espaldas, ante el terror psicológico impuesto por la banda terrorista, que llega a aplicar «intereses de demora» a quienes que se retrasan en el pago.
El miedo y la indefensión de los amenazados ha ido en aumento en los últimos tiempos, con el envío de cartas marcadas con un código especial. Una serie de números y letras en la parte superior de las misivas indican la cantidad a pagar y cómo hacerlo, con la posibilidad de que los terroristas reconozcan la carta con el código en el caso de que alguna de ellas sea reproducida en los medios de comunicación.
GOLPES A LA RED DE CHANTAJES En 1986, una operación de la policía francesa contra la cooperativa Sokoa, en Hendaya, reveló que entre 1980 y 1986 ETA había ingresado cerca de 1.200 millones de pesetas por el pago del «impuesto revolucionario», mediante el chantaje a un millar de empresarios.
En enero de 1992, la Ertzaintza desmanteló en España otra red de cobro del impuesto. La «Operación Easo», en la que se filmaron unas 200 horas de vídeo, atribuyó a la red el intento de cobro de 400 millones de pesetas a una veintena de empresarios.
En agosto de 1993, la policía autónoma vasca volvía a golpear al entramado financiero de ETA. La Operación «Diru Gutxi» («Poco dinero») permitió, entre otras, la detención en París de Carlos Almoraz, «Pedrito de Andoain», presunto responsable del aparato financiero de ETA.
En mayo de 2002, una nueva operación policial confirmaba que las herriko tabernas han funcionado durante años como centros de recaudación donde acudían los empresarios del País Vasco y de Navarra para cumplir con los pagos del «impuesto revolucionario».
Más recientemente, en junio de 2006, una operación conjunta de las policías francesa y española desarticulaba una red que actuaba desde hace 20 años recaudando el impuesto revolucionario. Doce personas fueron detenidas, entre ellas Julen Madariaga (uno de los fundadores de la banda terroristaque, que salió en libertad bajo control pocos días después) y el jefe de la red de financiación, Ángel Iturbe Abásolo
La trama empresarial
(Justy García Cochl)
Durante años, la lucha antiterrorista dio por segura la existencia de un entramado empresarial que permitía a ETA financiar sus actividades y blanquear el dinero recaudado ilegalmente mediante la extorsión y el chantaje.
En los años 80, no se pudieron demostrar las sospechas de que la banda terrorista utilizaba una empresa intermediaria de seguros y el negocio de las tragaperras como fuente de financiación. Las investigaciones que siguieron a la detención de la cúpula de ETA en Bidart, en 1992, aportaron las primera pruebas decisivas sobre el «Proyecto Udaletxe», un entramado empresarial diseñado por ETA para permitir la autofinaciación de las organizaciones de su entorno y el soporte económico de sus militantes huidos. Para ello, la red, que movía cerca de 2.000 millones de pesetas al año, se extendía desde el País Vasco hasta Cuba, Panamá, Venezuela y Cabo Verde.
Fue ya en 1998 cuando una operación dirigida por el juez Baltasar Garzón asestó el primer varapalo al entramado financiero de ETA. Primero, en el mes de mayo, con el desmantelamiento de una red de empresas paralelas de la Koordinadora Abertzale Socialista (KAS) que financiaba a ETA. Después, en el mes de julio, con el cierre del diario Egin y de la emisora Egin Irratia y la intervención de empresas relacionadas por ser «instrumentos operativos» de la banda terrorista y de la «difusión de los planteamientos de su estrategia». A finales de año, Garzón procesó a 26 personas por su relación con el caso y declaró ilícita a la Koordinadora Abertzale Socialista (KAS) «como parte integrante de la misma organización terrorista que ETA encabeza».
En el año 2000, una operación contra Xaki, considerado el aparato de relaciones internacionales de ETA, aportó datos relevantes sobre la finanzas de la banda terrorista en Latinoamérica.
Una nueva actuación del juez Garzón, ya en 2002, golpeaba de nuevo a la financiación terrorista, desmantelando el entramado constituido en torno a las herriko tabernas, las sedes de Batasuna que, durante años, han funcionado como centros operativos de recaudación del «impuesto revolucionario».
En sus inicios, la banda terrorista consiguió financiarse mediante atracos a entidades bancarias, técnica que fue abandonando progresivamente para centrarse en los secuestros y la extorsión a empresarios a través del cobro del «impuesto revolucionario», sus dos principales fuentes de financiación. Muchas actuaciones policiales han intentado desmantelar el entramado financiero que utiliza la banda para blanquear el dinero recaudado mediante prácticas mafiosas e ilegales.
Los secuestros
01.07.1997. La liberación de Ortega Lara. (Ant. 3)
A lo largo de su historia, ETA ha secuestrado a 77 personas, método utilizado como vía de financiación y medida de presión y chantaje frente al Gobierno. Algunas fueron liberadas tras el pago de los rescates exigidos o gracias a la intervención de la Fuerzas de Seguridad. Otras corrieron peor suerte y fueron asesinadas por los terroristas. La banda inauguró la técnica el 1 de diciembre de 1970, con el secuestro del cónsul alemán Eugenio Behil, que duró 25 días.El secuestro más largo en la historia de ETA ha sido el del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, liberado el 1 de julio de 1997 por la Guardia Civil tras 532 días de cautiverio. Ese mismo día, la banda terrorista había puesto en libertad a Cosme Delclaux.
Pocos días después, ETA recurría una vez más al secuestro para demostrar su fuerza e intentar chantajear al Gobierno. El 12 de julio, Miguel Ángel Blanco, diputado del PP en la localidad vizcaína de Ermua, apareció maniatado y gravemente herido en una zona rural de Lasarte, una vez cumplido el ultimátum de 48 horas dado por la banda terrorista al Gobierno para que cediera en su política de dispersión de presos y trasladara al País Vasco a los etarras repartidos en prisiones de todo el país. Blanco murió en el hospital, pocas horas después de ingresar en estado de muerte cerebral tras recibir dos disparos en la nuca.
En la actualidad, los responsables de la lucha antiterrorista consideran que ETA no secuestra porque tiene sus necesidades financieras cubiertas con el cobro del «impuesto revolucionario».
LOS SECUESTROS MÁS LARGOS
JOSÉ ANTONIO ORTEGA LARA. 532 DÍAS. Funcionario de prisiones.
Secuestrado el 17.01.1996. [ + ]
JOSÉ MARÍA ALDAYA. 342 DÍAS. Empresario. Secuestrado el 08.05.1995
EMILIANO REVILLA. 249 DÍAS. Empresario. Secuestrado el 24.02.1988.
COSME DELCLAUX. 233 DÍAS. Empresario. Secuestrado el 11.11.1996. [ + ]
JULIO IGLESIAS ZAMORA. 116 DÍAS.Ingeniero. Secuestrado el 05.07.1993.
LUIS SÚÑER. 91 DÍAS. Empresario. Secuestrado el 13.01.1981.
ADOLFO VILLOSLADA. 85 DÍAS. Ingeniero. Secuestrado el 24.11.1989.
DIEGO PRADO Y COLÓN DE CARVAJAL. 73 DÍAS. Ingeniero. Secuestrado el 24.11.1989.
El «impuesto revolucionario»
Carta enviada a empresarios vascos durante
la tregua de 1998, exigiendo el pago del impuesto.
Los métodos de extorsión de ETA incluyen el envío de cartas amenazantes a empresarios vascos, en las que se exige el pago de una determinada cantidad de dinero a cambio de que su patrimonio e incluso su integridad física no corran peligro. Aunque muchos amenazados han denunciado estas prácticas mafiosas, es difícil determinar cuántos llevan el 'aviso' en silencio sobre sus espaldas, ante el terror psicológico impuesto por la banda terrorista, que llega a aplicar «intereses de demora» a quienes que se retrasan en el pago.
El miedo y la indefensión de los amenazados ha ido en aumento en los últimos tiempos, con el envío de cartas marcadas con un código especial. Una serie de números y letras en la parte superior de las misivas indican la cantidad a pagar y cómo hacerlo, con la posibilidad de que los terroristas reconozcan la carta con el código en el caso de que alguna de ellas sea reproducida en los medios de comunicación.
GOLPES A LA RED DE CHANTAJES En 1986, una operación de la policía francesa contra la cooperativa Sokoa, en Hendaya, reveló que entre 1980 y 1986 ETA había ingresado cerca de 1.200 millones de pesetas por el pago del «impuesto revolucionario», mediante el chantaje a un millar de empresarios.
En enero de 1992, la Ertzaintza desmanteló en España otra red de cobro del impuesto. La «Operación Easo», en la que se filmaron unas 200 horas de vídeo, atribuyó a la red el intento de cobro de 400 millones de pesetas a una veintena de empresarios.
En agosto de 1993, la policía autónoma vasca volvía a golpear al entramado financiero de ETA. La Operación «Diru Gutxi» («Poco dinero») permitió, entre otras, la detención en París de Carlos Almoraz, «Pedrito de Andoain», presunto responsable del aparato financiero de ETA.
En mayo de 2002, una nueva operación policial confirmaba que las herriko tabernas han funcionado durante años como centros de recaudación donde acudían los empresarios del País Vasco y de Navarra para cumplir con los pagos del «impuesto revolucionario».
Más recientemente, en junio de 2006, una operación conjunta de las policías francesa y española desarticulaba una red que actuaba desde hace 20 años recaudando el impuesto revolucionario. Doce personas fueron detenidas, entre ellas Julen Madariaga (uno de los fundadores de la banda terroristaque, que salió en libertad bajo control pocos días después) y el jefe de la red de financiación, Ángel Iturbe Abásolo
La trama empresarial
(Justy García Cochl)
Durante años, la lucha antiterrorista dio por segura la existencia de un entramado empresarial que permitía a ETA financiar sus actividades y blanquear el dinero recaudado ilegalmente mediante la extorsión y el chantaje.
En los años 80, no se pudieron demostrar las sospechas de que la banda terrorista utilizaba una empresa intermediaria de seguros y el negocio de las tragaperras como fuente de financiación. Las investigaciones que siguieron a la detención de la cúpula de ETA en Bidart, en 1992, aportaron las primera pruebas decisivas sobre el «Proyecto Udaletxe», un entramado empresarial diseñado por ETA para permitir la autofinaciación de las organizaciones de su entorno y el soporte económico de sus militantes huidos. Para ello, la red, que movía cerca de 2.000 millones de pesetas al año, se extendía desde el País Vasco hasta Cuba, Panamá, Venezuela y Cabo Verde.
Fue ya en 1998 cuando una operación dirigida por el juez Baltasar Garzón asestó el primer varapalo al entramado financiero de ETA. Primero, en el mes de mayo, con el desmantelamiento de una red de empresas paralelas de la Koordinadora Abertzale Socialista (KAS) que financiaba a ETA. Después, en el mes de julio, con el cierre del diario Egin y de la emisora Egin Irratia y la intervención de empresas relacionadas por ser «instrumentos operativos» de la banda terrorista y de la «difusión de los planteamientos de su estrategia». A finales de año, Garzón procesó a 26 personas por su relación con el caso y declaró ilícita a la Koordinadora Abertzale Socialista (KAS) «como parte integrante de la misma organización terrorista que ETA encabeza».
En el año 2000, una operación contra Xaki, considerado el aparato de relaciones internacionales de ETA, aportó datos relevantes sobre la finanzas de la banda terrorista en Latinoamérica.
Una nueva actuación del juez Garzón, ya en 2002, golpeaba de nuevo a la financiación terrorista, desmantelando el entramado constituido en torno a las herriko tabernas, las sedes de Batasuna que, durante años, han funcionado como centros operativos de recaudación del «impuesto revolucionario».
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